El expresidente derechista fue condenado a 27 años y tres meses de prisión, por intentar un golpe de Estado para permanecer en el cargo a pesar de su derrota electoral ante Lula, en octubre de 2022.
Cecilio Panella
Las pruebas de que existió una conspiración para quebrar la mayor democracia de América Latina encabezada por Jair Messias Bolsonaro (un ex capitán del Ejército) fueron claras y contundentes.
Hubo señales públicas y complots secretos. Un documento planteaba ignorar las elecciones que consagraron a Lula presidente y declarar el estado de sitio. Y un plan impreso preveía asesinar al presidente electo (Lula), su vicepresidente (Geraldo Alckmin) y un juez supremo (Alexandre de Moraes), con balas o veneno.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil (la Corte Suprema), decidió por una mayoría de cuatro jueces de cinco que Bolsonaro es culpable de intento de golpe de Estado y otros delitos, en una decisión histórica y sin precedentes en los 40 años de democracia brasileña.
Los jueces Alexandre de Moraes, Flavio Dino, Cristiano Zanin y Carmen Lucia votaron a favor de condenar a Bolsonaro, mientras que Luiz Fux estimó que el tribunal no era competente para juzgar a un expresidente.
El ex mandatario (2019-2022), de 70 años, fue acusado de encabezar una conspiración para desacreditar el sistema electoral, atacar instituciones (la sede de los tres poderes en Brasilia, el 8 de enero de 2023, por parte de turbas bolsonaristas) y desconocer el veredicto de las urnas.
Se le imputaron a Bolsonaro cinco delitos: organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daños calificados con violencia y amenaza grave contra bienes de la Unión y con perjuicio considerable a la víctima, y deterioro de bienes catalogados.
La defensa apela
Según el Supremo Tribunal Federal, el juicio debe ser convalidado primero en una audiencia prevista el 23 de septiembre. Luego el máximo tribunal tiene 60 días para publicar un documento que compile todas las deliberaciones del proceso. A partir de entonces la defensa tendrá cinco días para apelar.
En Brasil las condenas mayores a ocho años de prisión requieren de cumplimiento a régimen cerrado. Sin embargo, por sus problemas de salud y edad avanzada, Bolsonaro podrá solicitar cumplir la pena en prisión domiciliaria.
Mientras tanto, sus abogados defensores, Celso Vilardi y Paulo da Cunha Bueno, afirmaron que apelarán la decisión de los jueces del Supremo, incluso en el ámbito internacional.
Expresaron que consideran las penas «absurdamente excesivas y desproporcionadas«.
«La defensa no puede dejar de manifestar su profundo desacuerdo e indignación con los términos de la decisión mayoritaria«, reza el comunicado divulgado por los letrados tras el fallo.
Injerencia de EE.UU.
“Brasil no es una republiqueta bananera”, exclamó Lula, tras rechazar las presiones y amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su secretario de Estado, Marco Rubio, que arrancaron cuando aumentó los aranceles del 50% a los productos brasileños.
“No temo (nuevas sanciones). Las acusaciones contra Brasil son todas falsas y el presidente Trump lo sabe, no hay déficit comercial, es arrogancia de él no querer que la Justicia brasileña juzgue a alguien que cometió un crimen”, sostuvo Lula.
Horas antes, la Casa Blanca había criticado el fallo y dijo que “la Corte Suprema de Brasil ha dictaminado injustamente encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro. Estados Unidos responderá en consecuencia a esta caza de brujas”.
Uno de los hijos de Bolsonaro (Eduardo, que es diputado y desde marzo pasado vive en Texas) fue más allá y salió a pedir una intervención militar de la administración Trump en su país.
«Brasil podría perfectamente, en el futuro, necesitar el despliegue de cazas F-35 y buques de guerra, porque esto demuestra la voluntad del gobierno de Donald Trump de defender la agenda de la libertad», declaró Eduardo Bolsonaro.
Al ser consultado sobre si defendía una intervención militar, el diputado respondió que «el regreso de la libertad vale la pena».
Por su parte, congresistas republicanos pidieron «severas sanciones» para el gobierno brasileño por la condena al ex mandatario.
Los legisladores demócratas, en cambio, acusaron a la administración Trump de «interferir» en Brasil.
La intervención de Washington tuvo respuesta también de otros presidentes latinoamericanos.
El boliviano Luis Arce denunció que «amenazar con utilizar el poder económico y militar, en supuesta defensa de la libertad de expresión en favor de Bolsonaro, se constituye en una intromisión colonialista e inaceptable en los asuntos internos de una nación soberana y viola el Derecho Internacional».
Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo en un escueto posteo en sus redes sociales: «Todo golpista debe ser condenado. Son las reglas de la democracia».
El presidente de Chile, Gabriel Boric, expresó en otra publicación: «Mis respetos a la democracia brasileña que resistió un intento de golpe de Estado y hoy juzga y condena a sus responsables. Trataron de destruirla y hoy termina fortalecida. Democracia siempre».
La amnistía
Tras el fallo, Bolsonaro se reunió con sus hijos Flávio y Carlos en su residencia de Brasilia, donde cumple prisión domiciliaria, con el objetivo de definir los próximos movimientos políticos y una estrategia común para el frente de derecha.
Tanto sus hijos como sus abogados y poderosos dirigentes y gobernadores de derecha, especulan sobre todo con una amnistía legislativa como el camino medianamente más accesible para lograr su libertad.
Por ahora, sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, no ha dado señales de considerar la propuesta, ni siquiera bajo la presión de los interlocutores de Bolsonaro.
De ser aprobada una amnistía, sería seguramente vetada por el presidente Lula, y acabaría en el Supremo Tribunal Federal.
La variada coalición que trabaja por la libertad de Bolsonaro cree que simplemente ganar votos en el Congreso no es suficiente: sin un acuerdo previo con la Corte, la amnistía corre un alto riesgo de ser declarada inconstitucional y revocada inmediatamente.
“No hay lugar” para una amnistía por el Congreso en los casos de “crímenes contra la democracia”, señaló De Moraes durante el juicio.
Por su parte, el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, le habló a los hijos del condenado: “Queridos Flavio Bolsonaro, Eduardo, Michele, Renan, Carlos y Laura, si lloran a un padre, Brasil llora a nuestro presidente”.
Jorginho Mello, gobernador de Santa Catarina, destacó a su vez los argumentos del juez Fux, quien pidió la absolución de Bolsonaro, pero fue superado por la mayoría en la votación.
Por último, vale la pena destacar la posición de los dos medios periodísticos más influyentes de Brasil. Siempre junto al poder real y contrarios a Lula.
El editorial de O Globo sobre la condena a Bolsonaro afirmó que “las huellas de Bolsonaro en el intento de golpe de Estado están por todas partes”, y que “Brasil finalmente logró castigar a los traidores a la voluntad popular”. Y aseveró: “Cualquier amnistía sería una capitulación inaceptable”.
Folha de São Paulo consideró también como “justa y legítima” la sentencia contra el ex mandatario, aunque remarcó que “la duración de las condenas fue excesiva”.
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