Escrito por Claudio Guido Puntel
El Juez federal de Reconquista, Aldo Mario Alurralde, dictó el procesamiento de Vicentín saic y exdirectores de la empresa por estafa al fisco mediante el empleo de facturas falsas. Al mismo tiempo, ordenó embargos e inhibiciones.
El procesamiento surge a partir de una denuncia penal presentada por la AFIP ante dicho juzgado en agosto de 2020.
En su denuncia, la AFIP afirma que a través de solicitudes de reintegros del IVA y de créditos fiscales por operaciones de exportación, entre los años 2016 y 2019 la empresa percibió fraudulentamente más de $100 millones.
Para su reintegro presentaron reiteradas veces documentación fraguada.
En la investigación, sucesivas órdenes de intervención determinaron la confección de numerosas Actas de Inspección, instrumento público que junto a las múltiples evidencias recabadas constituyen marco probatorio para procesar a los sospechosos.
El juez Alurralde detectó la falsificación de 54 proveedores cuya existencia no se pudo comprobar.
Dice el magistrado:»… Del análisis de débitos y créditos del impuesto al valor agregado de varios de los pretendidos co-contratantes, surgía la inequívoca conclusión de la cuasi nula capacidad económica y financiera de realizar una operación y/o que tal negocio jurídico le permita la sustentabilidad de la supuesta empresa, es decir, no pudiéndosela catalogar como ‘empresa en marcha’.
En efecto, se concluye en que sería -con el grado exigido en la instancia- una empresa fantasma o un simple intermediario empleado con fines fraudulentos».
Entre otras irregularidades, algunas de las empresas declaradas ante AFIP tenían domicilio «en una escuela, en una casa de familia -con nulo vínculo mercantil-, y hasta en el Océano Pacífico, según geolocalización».
Cuando fueron intimados a corregir o denunciar el domicilio real ante AFIP, no lo hicieron.
Alurralde afirma que se comprobó lo que había denunciado la Administración Federal de Ingresos Públicos, a saber: la empresa y sus directivos estafaron al estado haciendo figurar a proveedores que no existían, mediante el transporte de cosechas en estado de deterioro, con movimientos bancarios que no se corresponden con lo facturado, con empleados que no existen o cuya cantidad no alcanza para las tareas demandadas.
Además, de acuerdo a las cartas de porte, los respectivos vehículos no eran aptos para transportar mercaderías y no existía ninguna fábrica ni oficina en los lugares denunciados por Vicentín saic.
Así perpetraron durante el período investigado esta millonaria estafa al estado.
Fueron comprobados dos tipos de acciones fraudulentas: una negativa, el ocultamiento y, por otro lado, la confección y presentación de registros apócrifos.
Así reiteradas veces hicieron pasar como real una situación ficticia. Es un ardid complejo y difícil de desenmascarar sin «una tarea –cuanto menos mínima- de investigación, para develar el injusto», esa dificultad es la que facilitó la continuidad de la manipulación.
Frente a la coartada de los ex directores de Vicentín, el juez federal explica que con este tipo de maniobra generaron un crédito fiscal inexistente, que disminuyeron su carga tributaria para beneficiarse financieramente mediante «acreditación, compensación, reintegro, o solicitando su transferencia a terceros».
Así, estas sumas salen del fisco o no ingresan a sus arcas y como contrapartida no se genera el débito fiscal que corresponde ante la inexistencia del vendedor.
Los reintegros cobrados por la empresa no provienen de operaciones genuinas con los proveedores que indican en las facturas, en ello consiste el fraude al estado por parte de Vicentín saic, indica Alurralde.
«Estamos frente a un accionar tendiente a obtener dinero del Estado nacional o locales, mediante el aprovechamiento indebido de reintegros, recuperos, devoluciones, etc.», tal como escribió el magistrado.
La lesión más importante que genera el delito cometido por la empresa y sus entonces directores, es en detrimento de las arcas fiscales y la disminución de fondos que deben destinarse a asistir las necesidades públicas.
Pero también hay un perjuicio hacia las demás empresas que compiten en forma desigual.
Entre otras irregularidades, algunas de las empresas declaradas ante AFIP tenían domicilio «en una escuela, en una casa de familia -con nulo vínculo mercantil-, y hasta en el Océano Pacífico, según geolocalización».
Los procesados
Un delito sostenido con estas características y complejidad, «solo puede ser realizada mediante una planificación y ejecución de una serie de actos independientes, pero concordantes entre sí», tal como sostiene el juez federal.
Fueron cometidos «con un grado de organicidad, concordancia y obrar jerárquico, tanto dentro como fuera de la empresa».
El juez afirma que «todos los encartados habrían incurrido en la comisión del delito que se les reprocha» y que este accionar constituye «una política empresarial desplegada por las personas que condujeron durante los períodos investigados».
Si bien durante el período se produjeron rotación de autoridades, funciones y responsabilidades, todos ellos actuaron en la configuración del fraude.
Queda demostrada una planificación institucional para beneficiarse económicamente del ilícito.
Los ex directores Sergio Roberto Vicentín, Pedro Germán Vicentín, Roberto Oscar Vicentín, Herman Roberto Vicentín, Oscar Silvio Vicentín, Norma Susana Vicentín, Rubén Darío Vicentín, Máximo Javier Padoan, Cristian Andrés Padoan, Daniel Néstor Buyatti, Alberto Julián Macua, Roberto Alejandro Gazze, Martín Sebastián Colombo y Yanina Boschi son considerados coautores responsables del delito de aprovechamiento de beneficios fiscales y fueron procesados en la causa.
Desde 2021 tienen embargados sus bienes y quienes carecen de bienes a su nombre fueron inhibidos hasta cubrir la suma de 100 millones de pesos cada uno, todos tienen prohibido salir del país.
Hay más causas contra Vicentín saic
En el Juzgado Federal a cargo de Julián Ercolini se investiga a los ex directores de la empresa por una presunta estafa concertada junto a funcionarios del Banco Nación durante la presidencia de Mauricio Macri.
También están imputados en la justicia provincial por estafa a acreedores en una suma de al menos U$ 500 millones.
En otra causa contra Vicentín a cargo del fiscal federal Roberto Salum es la que investiga el destino del dinero que obtuvo la empresa al vender 16,67% de sus acciones en Renova a Glencore, una empresa socia.
Tres días después de la venta, por la que obtuvieron unos U$S 122 millones, anunciaron «estrés financiero» e incumplieron el pago de la deuda con sus acreedores.
Los héroes
Está claro que no todos «somos Vicentín» ni podríamos serlo.
El procesamiento es un gran paso frente a las expectativas truncadas con la marcha atrás del gobierno de Alberto Fernández, que en 2020 había anunciado la intervención de la empresa.
En aquel momento se alimentaron las ilusiones populares en una intervención del estado en el control del mercado externo y el fortalecimiento de políticas en beneficio del consumo interno.
Cuatro años después, un juez federal demuestra que aquella habría sido medida política de enorme justicia.
Y más que nada, es un gran paso en este contexto en que el presidente de la Nación defiende como «héroe» a quien fuga dinero, mientras preparan con el RIGI preparan un paquete de medidas para profundizar la evasión fiscal.
Maestro, periodista, técnico operador en psicología social. Militante del sindicato docente AGMER.
Nacido en 1965 en Santo Tomé, Corrientes. Resido desde 1989 en Paraná, Entre Ríos.
Como periodista trabajó en la Secretaría de Comunicación de la provincia de Entre Ríos, escribe en el sitio digital Río Bravo, fue periodista en LRA12, Radio Nacional Santo Tomé, en emisoras de FM de Paraná y en medios gráficos de Corrientes y Entre Ríos.
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